El fetichismo de la vivienda-mercancía

Ancor Mesa Méndez

Artículo originalmente publicado en Metrópoli Abierta.

El pasado sábado 10 de junio se produjo en Barcelona la mayor manifestación por el derecho a la vivienda de la aún reciente historia democrática de la ciudad. Alrededor de 3.000 personas se concentraron en Plaça Universitat para recorrer Sant Antoni, Poble Sec y el Raval, tres de los barrios más asolados por el asedio inmobiliario, convocados por la plataforma #BCNnoEstàEnVenda. Tras la consolidación de la Barcelona olímpica y de esta como reclamo internacional, la burbuja que comenzó justo antes de empezar el nuevo milenio, la gran crisis financiera y social que arrastramos desde 2008, la escalada de desahucios, jamás se había dado tal expresión pública de rechazo al modelo de ciudad que ha convertido a la vivienda en la pieza angular que mejor define los problemas de Barcelona.

En economía política, la diferencia entre el valor de uso de las cosas y el valor de cambio de las mercancías abre la puerta a entender la relación intrínseca entre la economía y las relaciones humanas. Pongamos el caso, ya que estamos, que queremos hablar del valor de las viviendas. Estas tienen un gran valor de uso. Desde luego, sirven para que podamos cobijarnos, formar familias o, directamente, vivir, a secas. Estamos dispuestos a hacer lo que sea por disponer de una vivienda porque, sin ella, sin duda, tendríamos todas las papeletas para vivir poco. El valor de cambio, por otra parte, hace referencia al precio que alcanzan las cosas cuando se convierten en mercancía. Así, aunque dos relojes satisfagan la misma necesidad (medir el tiempo), uno puede ser más caro que el otro porque tenga un diseño exclusivo, o por una buena campaña de marketing que produzca que estemos dispuestos a pagar más por uno que por otro.

Con la vivienda sucede como con el agua: la necesitamos y estaríamos dispuestos a dar lo que sea con tal de disponer de un techo. Son de esas necesidades básicas que tienen un gran valor de uso, a las que todas las personas deberíamos tener acceso sin que suponga una losa. ¿Qué está pasando en Barcelona para que este bien básico esté elevando su precio hasta niveles nunca antes alcanzados? ¿Es porque la población barcelonesa ha mejorado su posición financiera? No lo parece. Desde el comienzo de la crisis el paro se ha duplicado (superando el 16% global y más del 30% en el caso de las personas jóvenes en Barcelona), los salarios están congelados o a la baja y las condiciones laborales son mucho más difíciles que en 2008.

Sin embargo, en Catalunya, casi medio millón de viviendas están vacías hoy en día, el 4% de las viviendas vacías de toda la Unión Europea. Más de 43.000 se encuentran vacías como consecuencia de desahucios hipotecarios. El 80% de estas se encuentran en manos de los principales bancos españoles, incluyendo la SAREB (el banco malo, propiedad del Estado), más de 5.800 solo en la comarca del Barcelonès. Mientras, en tan solo dos años el coste medio mensual de los alquileres ha subido casi un 20%, 100€ aproximadamente, hasta superar los 800€, al mismo tiempo que el salario de más de un tercio de los barceloneses apenas supera esa cantidad.

El cambio de uso de las casas que supone el fenómeno AirB&B, convirtiendo muchas de ellas en establecimientos turísticos, también ha contribuído a la reducción de la oferta de vivienda. Los pisos turísticos hacen ganar a los rentistas alrededor de un 300% más de lo que pueden obtener por el alquiler a familias de la ciudad. Pero tambén, buena parte de responsabilidad tiene una ley de arrendamientos (LAU) que en 2013 redujo la duración de los contratos a un máximo de 3 años y agilizó los procesos de rescisión de los mismos, incentivó el cambio de inquilinos a través de un descontrol absoluto de los precios y de las condiciones de entrada. Hoy en día, entre fianzas, adelantos y comisiones inmobiliarias, la entrada a una vivienda puede conllevar un desembolso de entre 2400 y 4800€. En este año finalizarán en la ciudad más de 44.000 contratos, afectando a más de 150.000 personas que se pueden encontrar con una subida repentina de las mensualidades que supere el 20% o, directamente, de patitas en la calle.

También la concentración de las propiedades en alquiler empuja el precio al alza. En el último año, el 40% de las viviendas en venta han sido adquiridas por fondos buitre de inversión, porcentaje que se eleva al 80% en el distrito de Ciutat Vella. Más de 76 edificios completos han sido adquiridos por estos fondos, cuyos inquilinos se encuentran en riesgo de expulsión inminente. Además, la vivienda pública en alquiler representa en Barcelona el 1,5%, muy lejos del 15% de media europea o el 43% de Amsterdam, al mismo tiempo que el número de personas sin hogar, que duermen en la calle o en equipamientos municipales ha aumentado en un 10% en el último año.

En definitiva, nos encontramos ante un escenario esperpéntico en lo que respecta a la satisfacción de uno de los principales derechos humanos: disponer de una vivienda. Como todo derecho humano, tiene un valor de uso inconmensurable que debe ser tratado con especial atención en el ámbito de los servicios públicos, como la sanidad, la educación, la alimentación o el agua. Sin embargo, parece que en España, Catalunya y, especialmente en Barcelona, las viviendas parecen ser más bien la gallina de los huevos de oro, el motor económico de un sistema de desigualdades sociales que se ha acentuado con esta crisis que está a punto de cumplir una década. Hemos convertido un bien de primera necesidad en el mayor fetiche financiero, en un producto de lujo en muchos distritos y en un dispositivo de distinción (vivo en Barcelona y, por tanto, un privilegiado) que está expulsando vecinos de su ciudad e imposibilitando la reproducción de los ecosistemas de los barrios. Un camino que urge desandar priorizando la vida sobre el ‘sálvense quien pueda’.

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