Derecho a la vivienda: el reset que necesita España

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Llevamos ya unos años batallando con los desahucios y más de una década constatando el excesivo coste de la vivienda que supone para la mayoría de ciudadanos de España, especialmente para los jóvenes. Mientras, se fraguaba el esperpento que presenciamos hoy en día, la mayoría de estos jóvenes veíamos que el precio de la independencia económica se alejaba cada vez más y las oportunidades de salir del nido familiar pasaban necesariamente por compartir piso con otros jóvenes como nosotros. Como un buen anticipo del drama televisado que vemos todos los días, para las nuevas generaciones, formar una familia o explorar el mundo por sí solo eran (y son) experiencias que necesitan del endeudamiento casi de por vida o del nomadismo urbano.

Si es evidente que las personas de hoy en día son capaces de ser mucho más productivas que las anteriores generaciones gracias, fundamentalmente, al acceso a la información, la capacidad para intercambiar y de producir casi sin mover los brazos, ¿cómo es posible que últimamente (digamos durante los últimos veinte años, por no irnos más allá) seamos cada vez más precarios? En el caso español, hoy ya sabemos que nuestro principal motor de desarrollo, ligado a un sector turístico altamente oligarquizado, fue la construcción de viviendas. Y esto, a su vez reconvierte la pregunta en una paradoja muy sospechosa: ¡cada vez era más difícil conseguir habitar una vivienda en un país que se ha dedicado a construir casas como su auténtica especialidad en el orden económico europeo!

Recordemos que, con datos de 2010, había más de 25 millones de viviendas para menos de 17 millones de familias españolas. Con los mismos datos de 2010, el precio medio de la vivienda en España era de 2.589€ por metro cuadrado. Si hubiéramos querido adquirir un piso de 50 metros cuadrados, nos hubiese costado 129.450€. Si el salario medio fue de 16.489, esto quería decir que debíamos destinar el monto completo de casi ocho años de salario al pago del lugar donde vivir.

Imaginemos cuánto puede costar la fabricación de un coche, desde la inversión en formación de los profesionales que lo diseñan y construyen, las instalaciones donde se ensamblan, la inversión en investigación de las empresas que suministran los robots que los ensamblan, el coste de obtener sus materiales, etc. A priori, parece un coste infinitamente mayor que la cantidad de dinero que se invierte en la construcción de una casa, no digamos de un piso. Sin embargo, el precio del coche más caro que un consumidor medio pudiera adquirir, no supera los 70.000€. La solución a este disparate, como ya intuimos, se encuentra en el peso que tiene el mero precio del suelo donde se ubica la vivienda. A primera vista, tampoco tiene mucho sentido, pues parece que hay terreno y viviendas de sobra para abastecer a toda la población del país y a mucha más que pudiera venir. Pero, sin embargo, la gracia del motor económico de este país ha consistido, como ya sabemos, en hacer todo lo posible para que el precio del terreno edificable y edificado fuese cada vez más caro y, de esta manera, la propia construcción estimulara la creación de empleo. Hoy sabemos que, en realidad no estábamos invirtiendo más que en nuestra propia tumba.

Dedicar casi la mitad del salario al pago de la vivienda ha sido y es la manera que tiene el país para sostener su economía a cambio de impedir el desarrollo del consumo y la innovación a cuenta propia (sin intermediación de la financiación bancaria). Nuestro sistema nos ha invitado al endeudamiento para la simple supervivencia y esto, ahora, se ha traducido en más de un cuarto de la población activa en paro, más de la mitad de la población sin trabajar, una deuda bancaria inasumible, un endeudamiento público de dudosa legitimidad pero igualmente impagable, etc.

Todo ha sucedido a través de un juego muy pueril y de escaso valor añadido: extorsionar a la ciudadanía a través de compromisos casi vitalicios para tener un lugar en el que vivir. La vivienda es un bien de primera necesidad para el ser humano y así lo recogen la Declaración de Derechos Humanos y nuestra Constitución de 1978. Sin embargo, aquí se decidió (o más bien no se hizo nada para evitarlo) utilizar este derecho para en la principal mercancía del país. Estos días, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, conjuntamente con los sindicatos y una multitud de colectivos ciudadanos acaban de retirar su Iniciativa Legislativa Popular, respaldada por más de un millón y medio de firmas y apoyada por más de tres cuartos de la población, debido al desguace llevado a cabo por el Partido Popular en su tramitación parlamentaria. Como ya sabemos, sus principales propuestas eran: la aprobación de la dación en pago con carácter retroactivo (entregar la vivienda al banco saldaría la deuda hipotecaria), paralización de todos los desahucios de viviendas habituales y utilizar el inmenso parque inmobiliario de la banca nacionalizada para destinarlo a alquiler social. Todos sabemos que estas medidas son las más básicas para resolver el drama de los desahucios y el problema del acceso a la vivienda y el eterno endeudamiento ciudadano, pero para el Gobierno supone una auténtica amenaza. La población lo está clamando, pero acabaría con el principal negocio de este país y dejaría seca a la banca española. Esa banca que se ha comportado tan correcta, eficiente y éticamente durante estas décadas de penosa historia… Pues a lo mejor es el reset que necesita este país…

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